Control de la IA en el ámbito educativo
Ante el uso cada vez más de aplicaciones y herramientas de Inteligencia Artificial, por parte de centros educativos y docentes en el proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos/as, urge establecer protocolos y una regulación de dicho uso, ya que las aplicaciones y herramientas hoy en día no son 100% fiables, provocan “falsos positivos” y hay disparidad de resultados según se use una herramienta o aplicación u otra. A esto hay que añadir que estas aplicaciones o herramientas de Inteligencia Artificial, son de propiedad privada, perteneciente a empresas privadas, y sus algoritmos totalmente opacos, y por lo tanto sin supervisión ni control de las autoridades educativas, siendo un instrumento totalmente ajenos a ella, y que se están usando para evaluar a miles y miles de alumnos/as en los centros educativos, con el consiguiente perjuicio que ello puede ocasionar a la evaluación y el progreso académico de dichos alumnos/as.
El pasado lunes 25 de noviembre, remitimos una consulta al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, preguntando si había algún tipo de protocolo, reglamentación o norma para regular este uso en cualquier centro educativo en el que se imparta formación conducente a la obtención de una titulación oficial, bachillerato, formación profesional, universidades, etc. Ante la respuesta de que actualmente no existe ningún tipo de control ni regulación sobre el uso de estas herramientas y aplicaciones de Inteligencia Artificial, y ante el riesgo que para el progreso educativo y académico que ello supone para los alumnos/as del Estado Español (especialmente para aquellos que suspenden y ven truncado su progreso académico derivado del uso de estas Inteligencias Artificiales y sus cuestionables dictámenes), es pues por ello necesario garantizar:
1º) La igualdad de derechos y obligaciones de todos los alumnos/as, ya que el hecho de que haya centros que usen estos sistemas de Inteligencia Artificial en su evaluación y otros no, supone una clara desigualdad en el trato entre alumnos/as.
2º) Que no exista injerencias e influencias de empresas externas al sistema educativo, y que escapan del control y supervisión de las autoridades educativas, y sin embargo tienen un impacto directo en la evaluación y resultados de los alumnos/as.
3º) Que se inste al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a crear un reglamento que regule con transparencia el uso y criterios del uso de estas aplicaciones en cualquier centro educativo (público, privado o concertado) en el que se imparta formación conducente a la obtención de un título oficial. Dicha normativa y/o regulación debe contemplarse desde un punto integral, es decir, regulando y supervisando su uso por parte de los centros, docentes y alumnos.
La innovación en el ámbito educativo, también consiste en regular el uso de las nuevas tecnologías, no sólo por parte de los alumnos/as, sino también por los docentes y centros educativos, evitando vacíos legales por falta de legislación o normativas, y garantizar así los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, así como que los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes (y aquí es donde no se debe permitir que las aplicaciones y herramientas de Inteligencia Artificial de empresas privadas ajenas a la administración educativa sean las que a través de sus criterios y algoritmos “señalen” que alumno/a aprueba y quién no).
Esta situación y propuesta, ha sido ya planteada, mediante los correspondientes registros, en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como ante el Defensor del Pueblo (España). Os iremos informando, como siempre desde esta publicación educativa y cultural pionera, ELD (Experimentación Literaria Disruptiva).
